Get Adobe Flash player

La impactante revelación periodística que puso al descubierto miles de sociedades off shore con sede en Panamá sacudió la política mundial en la medida que los documentos hallados implican a jefes de Estado, monarquías, ministros y personalidades de los más diversos ámbitos, entre ellos el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

En poco más de 24 horas, el llamado Panama Papers (Los papeles de Panamá) provocó la renuncia del Primer Ministro de Islandia, quien integraba una sociedad no declarada y, en nuestro país, la renuncia del contador Juan Pedro Damiani a su cargo en la Comisión de Ética de la FIFA. El estudio del contador Damiani aparece involucrado en varias sociedades del procesado Eugenio Figueredo.

Por la misma razón también provocó la renuncia del presidente de Chile Transparente, entidad que brega contra la corrupción y a favor de la transparencia.

En nuestro país numerosas personas públicas aparecen en la extensa lista de integrantes de off shore o como titulares de estudios jurídio-contables creadores de estas sociedades. En el marco de la investigación realizada durante más de un año por decenas de periodistas -dos de ellos de la redacción del semanario Búsqueda- con datos obtenidos de la empresa Mossack Fonseca con sede en Panamá, se develó el involucramiento de figuras públicas.

La nómina de mayor relevancia la integran el senador Pedro Bordaberry, el estudio del presidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, su hermana Patricia, pareja del actual canciller Nin Novoa, el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, el ex canciller Sergio Abreu, el candidato a la Intendencia por la Concertación, Edgardo Novick, el esposo de la senadora Verónica Alonso, el ex senador Francisco Gallinal, entre otros.

Tibias reacciones

Las revelaciones no causaron en el país reacciones significativas ni en círculos del gobierno ni en el resto del sistema político. Las pocas opiniones de las autoridades apuntaron a la legalidad de esta clase de sociedades, aunque admitieron la posibilidad teórica de que fueran instrumentos para maniobras de ocultamiento de bienes y activos eventualmente procedentes de actividades ilícitas.

Una de las particularidades de la normativa antilavado vigente en Uruguay la constituye la inexistencia de la figura del delito fiscal como delito precedente del delito de lavado, situación en la que se apoyan laS autoridades, los políticos y el lobby de los estudios jurídico-contables especializado en este tipo de sociedades.

La investigación periodística fue financiada por ONGs de Estados Unidos, entre ellas la Fundación de George Soros, y entidades como la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID) que trabaja en el área de la cooperación bajo directrices del Departamento de Estado, lo que según observadores explicaría la escasa presencia de personalidades públicas de EEUU en los documentos divulgados.

Normativa y controles vulnerables

La dilatoria del sistema político uruguayo a incorporar el delito fiscal como delito precedente del de lavado, sólo explicable por la acción del poderoso lobby de los estudios jurídico-contables y sus lazos con los partidos, da carta blanca a la irrupción masiva de estas sociedades, en sí legales, pero potenciales instrumentos de fuga de capitales y activos en general.

Los reclamos desde la sociedad civil de incorporar esa figura penal y corregir la ausencia de mínimos controles del Estado, aún no han encontrado eco en los partidos con representación parlamentaria, lo que perpetúa una preocupante debilidad de la normativa anticorrupción en nuestro país y consolida uno de sus puntos más vulnerables para que se desarrollen con impunidad toda clase de maniobras delictivas.

Los así llamados Panama Papers reposicionan a Uruguay como país funcional a la opacidad de los paraísos fiscales y comprometen los auspiciosos avances normativos que se registraron en las últimas dos décadas en el combate a la corrupción y en afirmar y extender la transparencia al sector público y privado.