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Tras varios días caracterizados por la sorpresa, el desconcierto y el silencio de las autoridades, finalmente varios organismos estatales reaccionaron ante el impacto mediático que tuvieron las revelaciones de la conexión uruguaya en las sociedades offshore creadas por el estudio Mossack y Fonseca con sede en Panamá y por estudios jurídico-contables corresponsales en decenas de otros países, incluido Uruguay.

Mientras la Dirección General Impositiva (DGI) realizó numerosas intervenciones en estudios en Montevideo en busca de documentación que permitiera evaluar si algunas de estas centenares de sociedades hubieran incurrido en delitos de evasión o fraude, la Secretaría Antilavado de Activos anunció que comenzará a indagar en algunos casos que han tomado estado público (sociedades de Eugenio Figueredo creadas por el estudio de Damiani, la llamada ruta K que salpica a la ex presidenta Cristina Fernández, entre otros).

También trascendió que las unidades especializadas del Banco Central acentuarán controles e indagatoria, así como la Fiscalía en Crimen Organizado, que tiene competencia en maniobras de evasión y lavado. De acuerdo a las palabras del propio director de Rentas, Joaquín Serra, el Estado uruguayo poco o nada sabe de quiénes son los titulares de las sociedades offshore y a qué se dedican.

En el plano político, la bancada del Frente Amplio, partido que cuenta con la mayoría en ambas cámaras, estaría evaluando crear una comisión de investigación parlamentaria para analizar los alcances de las revelaciones y eventuales cambios en la normativa vigente con relación a la actividad de estas sociedades y sus responsabilidades legales.