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En entrevista concedida al periodista Marcelo Falca del diario La República, Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), afirmó que las revelaciones de los Panamá Papers sobre paraísos fiscales pusieron “en riesgo” al Uruguay y obligan al Estado a tomar medidas cuanto antes para que existan controles.

Díaz dijo que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un “extensísimo” proyecto de ley integral sobre lavado de activos, que será considerado a partir del 15 de febrero en el Parlamento.

Sin embargo, aseguró, existe en el país un “movimiento de resistencia” contra este tipo de normas. Agregó que, en forma sistemática, esos “ataques” van dirigidos contra la Senaclaft y provienen de un grupo vinculado a Corredores de Bolsa. En ese sentido, mencionó que quien más ha cuestionado lo actuado por dicha Secretaría, cuyo nombre prefirió no revelar, posee “indirectamente, 721 empresas en Panamá”.

“Hay allí algunos grupos de poder que vaya a saber dónde están que nos van a hacer la vida complicada. Ya vemos que nos la están haciendo. No puede uno comportarse de cualquier manera, abrir una sociedad anónima y esconderse ahí. Eso está bueno para el bandido”, agregó.

Sobre la ley ya vigente, que limita el secreto bancario y desalienta el uso de sociedades en zonas de baja tributación conocidas como paraísos fiscales, rechazó que la misma implique una “pérdida de libertades o que vulnere el derecho a la intimidad”.

“Eso no es así, el país no está perdiendo libertades. Yo soy de los que piensa que está ganando libertad para la gran mayoría de los uruguayos. Porque de las casi 5 mil empresas panameñas, se benefician 5 mil o 7 mil y no 3 millones 300 mil. El país va ganando libertad toda vez que gana transparencia”, afirmó.

 

¿Por qué cree que hay tanta resistencia y se levanta tanta polémica en el Uruguay cada vez que se menciona que se va a limitar o levantar el secreto bancario?

 

A mí el tema del secreto bancario me cuesta tocarlo porque sé que es competencia del Ministerio de Economía y del Banco Central. Pero bueno, puedo hablar un poco de él como funcionario de a pie. Porque no se olvide usted que el secreto bancario fue instituido en este país en 1982 por el gobierno militar. Hasta esa fecha, el secreto bancario no existía.

Yo era inspector de la Impositiva iba con mi carné a la sucursal del banco, pedía los cheques porque quería ver los cheques quien los había endosado, me los daban y no había ninguna revolución ni se habían ido los inversores, ni pasaba nada por el estilo. Pero ¿quiere que le diga la verdad? Hay todo un movimiento de resistencia e incluso me quisiera referir a lo irracional que se ha planteado en materia de lavado de activos que, bueno, que debe ser de gente que tiene mucho que esconder y que quizás no tenga un origen demasiado lícito aquello que esconde. Porque la verdad es que no se entiende.

Porque además tampoco hay un levantamiento del secreto bancario, sino que lo que hay simplemente es una remisión de determinados saldos a fin de año a la administración tributaria, y nada más. El problema del intercambio con otros países es algo que ya venía y bueno el futuro del mundo es el tratar que haya algo de transparencia.

Es decir ¿se está atacando el Estado de Derecho cuando se están poniendo controles para no ser como somos el séptimo país en el mundo en fabricar sociedades de mentira en Panamá? Esos son los secretos que se quieren preservar y uno se pregunta en beneficio de quien. Porque esas empresas afuera no me van a decir que son de inversores nuestros también. Porque es lo único que falta.

 

¿Cómo quedó Uruguay parado después de las revelaciones de los Panamá Papers?

 

Si no se toman medidas, vamos a tener serios problemas. Pero pasa otra vez lo mismo. Aquí hay un grupo que son de Corredores de bolsa que también a través de un medio de prensa ha hecho un ataque diciendo que la Senaclaft no hace nada, que se vulneran derechos. Pues ese señor, indirectamente tiene 721 empresas en Panamá.

 

¿De quién estamos hablando?

 

No le puedo decir el nombre.

 

¿Es uruguayo?

 

Sí, claro. Y es el que se rasga las vestiduras de que la Senaclaft no hace nada que tiene que salir a cazar ladrones y ¿sabe qué? Es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo la Senaclaft. La Senaclaft no va directamente detrás del criminal porque esa no es su función. Es un organismo administrativo. No puede ir atrás de criminales. Eso es cosa de la policía.

Precisamente, esta persona expresa cosas tales y tan agresivas como ésas, como que la Senaclaft no hace nada, como que el país está perdiendo todas sus libertades. Eso no es así, el país no está perdiendo libertades.

Yo soy de los que piensa que está ganando libertad para la gran mayoría de los uruguayos. Porque de las casi 5 mil empresas panameñas, se benefician 5 mil o 7 mil y no 3 millones 300 mil, sino que probablemente esos que se benefician lo hagan en perjuicio del resto. Entonces, el país va ganando libertad toda vez que gana transparencia.

 

¿Qué se ha hecho hasta ahora a partir de las denuncias sobre los Panamá Papers?

 

Fundamentalmente, lo que se hace es: se recogen una serie de medidas en el proyecto de ley para, no impedir algo que nada se puede impedir, sino simplemente que aquellos organismos especializados estén en conocimiento de quien es el que se está ocultando atrás de esas sociedades. No es nada más que eso. Y que además esos organismos están obligados a guardar el máximo secreto. Bueno, eso ha desatado una ola de protestas, de que el Estado de Derecho está en peligro; por dios! por dios!.

¿Cómo se puede regular o frenar la fabricación de estas empresas, siendo que la “fábrica” está fuera del país?

Nadie las quiere frenar, porque no se puede. Porque no se puede legislar para algo que está en otro país.

 

¿Qué se puede hacer entonces?

 

Lo que tienen que hacer es, aquellos que están en el país, en su jurisdicción, representándolo, comunicar quienes son las personas físicas que están atrás de esas empresas pero comunicarlo, no ponerlo en un cartel arriba del auto y andar publicitándolo por 18 de julio, sino comunicárselo a determinados organismos o en concreto a uno solo que es la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, bajo la máxima reserva y bajo la responsabilidad penal de los funcionarios que allí trabajan. ¿Es eso atentar contra el Estado de Derecho?.

No, no, porque Uruguay es un país serio para los que lo entendemos que es serio. Hay otros que no lo entienden como serio. Pero los que lo entendemos que es serio sabemos que nunca ha habido una filtración en toda la historia en ninguno de los datos que se han manejado ni en investigaciones ni en controles administrativos por parte de ningún organismo, ni de la DGI, pero eso ha despertado una revolución.

Esto quiere decir que estas sociedades no tienen ningún tipo de control por parte del país, digamos, de origen.

No. Nos hemos enterado por la filtración. Si no fuera por la filtración no sabíamos nada.

 

De todos modos, siempre hubo más que una sospecha sobre la existencia de estas sociedades, tal vez lo que ha impactado sea su magnitud.

 

Ah, claro que sí. Sabíamos, pero no el detalle. No sabíamos por ejemplo…fíjese una cosa, con detenimiento, que a nosotros mismos nos asustó…si nosotros medimos al país por el Producto Bruto Interno (PBI) tenemos que Uruguay en el mundo está en el lugar 80…80 y pico, depende de si es el Banco Mundial o el FMI quien lo mide. Pero si lo hacemos por la cantidad de sociedades que tenemos inscriptas en Mossak Fonseca estamos séptimos. ¿Se imagina usted un país como el nuestro, séptimo en el mundo? En cuanto a cantidad de sociedades en Panamá. ¿Se da cuenta de lo que es eso? ¿Se da cuenta lo que ha sido eso y lo que ha impactado eso en todos los titulares de los diarios del mundo?

 

¿Cuánto puede perjudicar al Uruguay esta revelación?

 

Nos genera un riesgo, nos genera una amenaza que obliga al Estado, porque esa es la regla del GAFI, a tomar medidas para que existan controles sobre ese descontrol sin sentido y esa cantidad de sociedades que no guardan relación lógica con la dimensión económica del país.

 

Ante la situación constatada, ¿cuál ha sido la respuesta?, ¿qué medidas concretas se han adoptado?

 

Se ha actuado, se ha remitido al Parlamento un extensísimo proyecto de ley que será considerado a partir del 15 de febrero en el Parlamento. Se ha estado un año trabajando con este tema y otros, muy importantes para el país. Y el gobierno ha buscado todos los mecanismos para que pasaran dos cosas: para que aquellos que de buena fe y por razones justificables quieran poner sociedades en cualquier lugar del mundo, lo hagan.

Pero que aquellos organismos que tienen el contralor, sepan quien está atrás. Porque como estábamos hasta ahora, y como pasó, no con Uruguay que sepamos todavía, pero sí con otros países, que grandes narcotraficantes estaban albergados ahí. Entonces, no podemos correr riesgos de ningún tipo. Este proyecto va a ser tratado por la comisión de Panamá Papers, después del receso.

En este proyecto, que comenzó a elaborarse hace un año, el 14 de febrero y trabajaron más de 40 personas; es más, pese a que después terminó criticándolo porque no lo leyó evidentemente, fue invitado el presidente de la SCJ, concurrieron ministros de la SCJ, de Tribunales de Apelaciones, el de fiscal de corte, legisladores de la comisión de lavado de activos, jueces, todos los ministerios, fue un trabajo muy extenso, se trabajó un año.

 

Un borrador que había trascendido incluía a los abogados como sujetos obligados ¿es así?

 

Eso no es así. Eso es erróneo.

 

¿Por qué no se incluyó a los abogados?

 

No corresponde que estén incluidos a reportar y a vulnerar la defensa del cliente por más bandido que éste sea. Si uno hace eso, empieza a vulnerar el estado de derecho. Ahora, si hay un abogado que le da por inventar empresas en Panamá como lo puede hacer cualquiera, bueno, ahí sí está incluido.

Los que sí están incluidos no son los abogados, son aquellos que hagan determinadas cosas prescindiendo de la profesión que tengan e incluso así no tengan ninguna profesión. Si como ellos decían, los hubiéramos puesto, o si hubiera pasado por nuestra cabeza algo por el estilo, estaríamos volviendo a la época feudal. Sería demencial para nosotros y ellos lo saben, porque ellos estuvieron en la Comisión.

Está clarísimo, además, cualquiera que vea el artículo 12, por el final, no solo no están incluidos sino que por cualquier duda está excluido todo lo que tenga que ver con la defensa de alguien ¿por qué? Y bueno, porque así debe ser. Pero se armó una batahola como si estuvieran porque se filtró algo donde hablaba de abogados. Pero tampoco era así, porque decía: los abogados que hicieran esas cosas y cuando los abogados hacían esas cosas no estaban actuando como abogados, eso es lo que hay que entender.

Un ejemplo: “apertura de cuentas corrientes para tercero”, en eso no está defendiendo a nadie, “prestar su nombre como accionista para otro de una sociedad anónima”, ahí, no está defendiendo a nadie, no podemos entender que ahí se está ejerciendo el derecho de defensa. Entonces, para que no hubiera ninguna confusión se los quitó, aunque no la había. Desde el principio no la había.

Pero se la quería fabricar ¿por qué? Porque se quiere seguir como antes. Hay allí algunos grupos de poder que vaya a saber dónde están que nos van a hacer la vida complicada. Ya vemos que nos la están haciendo. No puede uno comportarse de cualquier manera, abrir una sociedad anónima y esconderse ahí. Eso está bueno para el bandido.

 

¿Qué novedades incluye este nuevo proyecto? Se mencionaban iglesias, clubes de fútbol.

 

Bueno, las iglesias, sí y no. Lo que incluye la ley, porque así lo establece la norma es, a todas las asociaciones civiles, ahí van desde un club de fútbol, Iglesias, pero no por ser iglesias, club de fútbol, sino que en tanto, las actividades deportivas, religiosas están exoneradas de impuestos por el artículo 69 de la Constitución. Al estar exoneradas de impuestos, no tienen el control de la policía administrativa, por excelencia el Estado, que es la administración tributaria. No tienen ningún control.

Eso las convierte potencialmente dentro de una zona de riesgo con algunos fenómenos que se están produciendo ahora como financiamiento del terrorismo y lavado de activos en algunos casos. Entonces, es simplemente por eso que el GAFI dice que tienen que ser incluidas pero no es porque tengamos nada o contra unas o contra otras. Es porque se han venido incluyendo en todo el mundo. A las Iglesias sí por ejemplo porque son asociaciones civiles pero no porque sean iglesias. Igual los clubes de fútbol. Y veremos qué dice la reglamentación.

El proyecto está recogiendo la opinión de todo el Estado, de los tres poderes; está recogiendo la realidad del país. Acá hay dos aspectos: excluir al Uruguay de la comunicad internacional porque sería suicida. Eso no quiere decir que uno vulnere sus principios jurídicos. Que no se me diga que preguntar quién es dueño de una sociedad en Panamá usted está violando a nadie.

Al revés, se está defendiendo la soberanía de su país. Cuando un pobre va a un banco le preguntan hasta de qué color tiene la ropa interior. Entonces, vamos a no embromar tanto, mire, le voy a decir una cosa, hablamos mucho del secreto bancario. ¿Y para usted qué sería más vergonzoso, lo que tiene o lo que debe?.

Para mí, lo que debo. Pues si usted ahora entra a la base de datos del Banco Central, con su número de cédula, usted puede averiguar lo que debe cualquier persona del país. Es decir, no hay secreto bancario para las deudas pero sí para lo que uno tiene. ¿Usted sabe que nadie habla de eso?. ¿Sabe por qué nadie habla de eso?. Porque eso está para ser usado por todos aquellos que dan préstamos a la gente necesitada. Entonces, de eso no se habla. Ahí no hay intimidad. La intimidad es para el otro lado.