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Convocado por la Comisión Especial con fines legislativos vinculados al lavado de activos y crimen organizado,  el 9 de agosto de 2012 el juez letrado especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Néstor Valetti, expuso sus puntos de vista acerca de la normativa vigente y enfatizó en los vacíos legales existentes. En ese sentido destacó la inexistencia del delito de “enriquecimiento ilícito” ni como tal ni como delito precedente, lo que, según el magistrado, dificulta la labor de justicia. He aquí los aspectos más salientes expuestos por Valetti que mantienen plena vigencia nueve meses después de haber sido expresados.

Todos sabemos que sobre todo en el último año se ha incrementado el índice de violencia desplegada por las organizaciones criminales, y eso es fácil de ver con el aumento de los índices de homicidios. Si bien se va a decir que hay muchos que

responden a violencia doméstica -efectivamente, un gran porcentaje se dan por este motivo-, también ha aumentado muchísimo algo que no era frecuente en nuestro país, como son las ejecuciones -ellos les llaman ajustes de cuentas -o simplemente los homicidios por encargue, o sea, por sicarios. Eso se está dando en el marco de la lucha que tienen las propias organizaciones de narcotráfico que se disputan zonas territoriales y también como modo de ejemplo frente a quienes no acatan las decisiones o, por ejemplo, quedan con deudas o aportan algún dato a la Policía o a la Justicia. Se trata de un tema demasiado grave.

Esas organizaciones están creciendo. Tenemos datos a través de la Policía de que esas organizaciones nacionales se están dimensionando y están teniendo contacto con organizaciones internacionales. Hay casos concretos: sabemos que la famosa organización del mal llamado "Betito" Suárez está creciendo y ya está teniendo contacto con organizaciones extranjeras. Están todos localizados en el Penal de Libertad; quizás ese ha sido un error. Son organizaciones muy poderosas.

También sabemos que se están armando; están adquiriendo material de guerra.Inclusive, en este último mes, hubo dos hechos -por los cuales procesé -de robo de armas de guerra del Ejército que, obviamente, tenían como destino organizaciones criminales, lo cual es preocupante.
Además, estas organizaciones tienen un gran poder de corrupción pública y eso también es preocupante. Esto sucede a todo nivel, pero fundamentalmente son fácilmente vulnerables en cuanto a la corrupción tanto integrantes de la Policía nacional, como integrantes del Ejército. Me temo que puede haber un reclutamiento de integrantes del Ejército, que es lo que pasó en México. Esa es una gran preocupación y es una guerra permanente que tenemos. Lo importante es ver cómo podemos enfrentar este problema.

En ese sentido, creo que hay un vacío legal, como planteó el señor Diputado Asti, que tiene que ver, precisamente, con la no tipificación del delito de tráfico de armas. Si bien figura como delito precedente, no lo tenemos tipificado en nuestra legislación nacional. Pienso que ese es un debe frente a las muchas fortalezas que tiene nuestro sistema de legal.

Es digno de destacar que nuestra legislación es muy avanzada en todo el tema y nos es muy grato ver que, sobre toda la temática de combate a las organizaciones criminales, al narcotráfico, al financiamiento del terrorismo y al lavado de activos, se ha realizado una política de Estado en la que han estado de acuerdo todos los partidos políticos. Esto es de destacar, porque no pasa en general en el resto de los países, lo cual habla muy bien del sistema político uruguayo, de su madurez. En ese sentido, cabe resaltar cómo ha ido evolucionando legislativamente el sistema. Es fácil observar los distintos períodos. La ley madre es el Decreto Ley N° 14.294, sobre narcotráfico, que ya quedó perimido, pero fue actualizado. Luego se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, de 1994, que estableció en forma incipiente la figura del colaborador y modificó la asociación para delinquir. Posteriormente, en 1998 se aprobó la Ley N° 17.016, sobre estupefacientes, en la que se establece por primera vez el delito de lavado de activos y se regula la cooperación jurídica internacional y el comiso de bienes. La Ley N° 17.060 establece los delitos de corrupción pública y amplía a estos delitos la figura del lavado de activos. La Ley N° 17.243 proporciona una herramienta jurídica para que los operadores del derecho -Jueces y Fiscales -podamos trabajar; me refiero a la figura del agente provocador. Las Leyes Nos. 17.443 y 17.835 amplían el delito de lavado de activos, regulan la UIAF y consagran el delito de financiación del terrorismo. Las Leyes Nos. 18.362 y 18.390 crean los Juzgados y las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado.

Consideramos conveniente incluir como delito precedente al homicidio por encargo.

Por otra parte, queremos dejar planteada como interrogante el enriquecimiento ilícito. Obviamente, esta es una cuestión de política legislativa. Hay algunas legislaciones que lo han consagrado como delito precedente; acá no está previsto como delito ni como delito precedente, pero eso permitiría que fuéramos hacia el poderoso, hacia quien está detrás de las organizaciones criminales, ya sea de narcotráfico -respecto de lo que se podría ir por el lado del financiamiento -o de las redes de prostitución y proxenetismo, en las que es evidente que las principales figuras no aparecen. Entonces, si no vamos por el lado del enriquecimiento ilícito es muy difícil llegar a ellos.

Además, todos sabemos -supongo que el Presidente, por su profesión, debe conocer bien la materia -que hay estudios jurídicos contables que, lamentablemente,colaboran con este tipo de organizaciones, aunque no sea de modo expreso y doloso, en la formación de sociedades anónimas, vendiéndolas y colocando a sus empleados como integrantes de los directorios. Los ponen como integrantes de los directorios de esas sociedades anónimas que son compradas por organizaciones criminales que vienen a lavar activos en el Uruguay. Ese sería un punto de estudio. Hay otro punto de estudio que creo que está dentro de las nuevas recomendaciones que establece el GAFI en cuanto a la regulación de sistemas financieros. En general, eso está muy bien en el Uruguay, pero tenemos planteado un viejo problema: el funcionamiento de cambios clandestinos. En ellos se moviliza mucho dinero, sobre todo en la zona de frontera, donde ingresa dinero sucio -especialmente de Brasil, pero también de Argentina-, que luego se transforma y, luego de pasar por todo un circuito en los cambios uruguayos, retorna a su país de origen. Y la única sanción que puede aplicarse, en todo caso, es de carácter administrativo: una multa que les impone el Banco Central.
Este es un punto muy vulnerable que tenemos en nuestra legislación. Esto no se sanciona de otro modo, aunque sabemos que ese tipo de cambios -muchos de los cuales están siendo investigados -están relacionados con organizaciones vinculadas al narcotráfico, al contrabando y a otros delitos de grueso calibre y de carácter transnacional. Esta es una de las preocupaciones que tenemos.

Otro tema que habría que enfocar también es de carácter obviamente legislativo, es el de los delitos fiscales, aunque los tratados vienen incorporándolos, porque así lo dicta la corriente internacional. Dentro de estos habría que establecer, si acaso se entiende que corresponde como delitos precedentes, qué tipo de delitos fiscales encuadrarían dentro de esa figura, si solo el delito tributario o también habría que emplear la figura del contrabando. Este ya es un tema de carácter legislativo; nosotros simplemente planteamos esta inquietud.

25 de abril de 2013