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Comienzan a agrietarse los muros del secretismo

Por Pedro Cribari, publicado en el Semanario Voces, el 8 de mayo.

Los primeros tiempos de una nueva norma legal siempre son contradictorios, en los que, quizás, uno deba conformarse con la mitad llena del vaso más que con la vacía.

Es larga la tradición uruguaya en referencia a excelentes iniciativas legislativas que luego duermen en su aplicación por falta de instrumentación. No es este el caso. En la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública, el legislador no fue omiso en resolver los aspectos sustantivos de cómo debía implementarse de inmediato la nueva disposición que ponía fin –o preanunciaba el comienzo del fin- de una época caracterizada por la opacidad y el secretismo. Los mecanismos y procedimientos de su aplicación estuvieron claros pese a que ha faltado una adecuada difusión pública.

Han pasado más de cinco años de aquel octubre de 2008 en que se concretaba la aprobación de esta ley que consagró el derecho ciudadano a conocer la información pública, con excepciones claramente explicitadas en que la información puede ser clasificada como “reservada” o “confidencial” (artículos 9º y 10º de la citada ley).

Es tiempo prudencial de un balance, para verificar los elementos positivos y los negativos de la nueva realidad, a saber:

1)    No hay duda que comenzó a quebrarse la cultura del secreto imperante en el Estado. Si bien viene siendo un proceso trabajoso, lento y no exento de trancazos notorios, la transparencia avanza: se suman los organismos obligados por la ley en hacer realidad el mandato legal de garantizar “la disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados” (art.5º de la ley).

2)      La Unidad de Acceso de Información Pública (UAIP) ha trabajado con ahínco para que los organismos estatales obligados a cumplir con la ley tomen conciencia de los alcances de la nueva normativa. Los resultados han sido razonablemente buenos si se toma en consideración el punto de partida. No se trataba cinco años atrás, y no se trata ahora, de solamente hacer cumplir una ley, implica mucho más, erradicar la cultura de la opacidad y el secretismo, e imponer una cultura de transparencia.

3)      La ausencia de una plena autonomía de la UAIP ha sido un escollo. Sus resoluciones no adquieren carácter vinculante. Se hace muy cuesta arriba cuando el poder político, de quien en última instancia depende, es de conducta ambigua en el respaldo a la ley y si bien ha aprobado la ley y la defiende en el plano teórico pero no siempre en la praxis, basta recordar la clasificación de “reservada” de toda la información relacionada con la gestión de Pluna S.A. que hizo la Auditoría Interna de la Nación ante un pedido puntual sobre su gestión comercial por parte de CAINFO (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública).

4)      Se ha registrado en estos años un uso relativamente importante de las potestades que consagra la ley por parte de los profesionales de la comunicación y de algunas organizaciones de la sociedad civil, no así de la ciudadanía en general que aún no se ha apropiado de la ley y su potencialidad. Muchas de  estas gestiones han permitido develar situaciones indeseadas, datos desconocidos por la sociedad que contribuyen a que la información sea un bien colectivo, reforzando la convivencia democrática.


El proceso de mayor transparencia parece no tener retorno. Las resistencias a lo nuevo seguramente van a persistir por algún tiempo más. Mas, la tendencia internacional y nacional permite augurar una profundización de la apertura de lo público en tanto derecho ciudadano. La ley, virtuosa en múltiples aspectos, va a requerir de nuevos debates y un continuo perfeccionamiento y adaptación a las crecientes demandas ciudadanas. Quizás el más importante de los cambios a introducir sea el de la autonomía de la UAIP* porque puede resultar un freno a la mayor transparencia que la unidad que debe velar por su cumplimiento dependa del Poder Ejecutivo, el principal sujeto obligado a cumplir con la ley.

No es sano que el controlador tenga relaciones de dependencia hacia el controlado, en lo que hace a la transparencia y en todos los actos de contralor de lo público.

* Por mayor información sobre la Unidad de Acceso a la Información Pública creada por la ley Nº 18.381, ingresar a www.uaip.gub.uy